La sanción total asciende a $44,842, y fue determinada por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor debido a que la empresa cometió «infracciones graves a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas (LRSIHCP)», según comunicado de la Defensoría.

De acuerdo con la resolución 1462-12, el Tribunal Sancionador comprobó que el proveedor denunciado Telemovil (Tigo), desatendió la solicitud de un consumidor de rectificar, modificar o cancelar datos personales (art. 28, literal a); y que, al mismo tiempo, proporcionó, mantuvo y transmitió datos no exactos o veraces (art. 28, literal i), vulnerando el derecho al honor, a la intimidad y la protección de los datos de la persona consumidora.

Según el Tribunal Sancionador, Tigo «no atendió el reclamo presentado por el consumidor en el cual solicitaba la rectificación de su historial crediticio, ya que se encontraba siendo reportado con información negativa proveniente de un servicio que no había contratado, situación que debía ser resuelta en el plazo de tres días hábiles después de interpuesta la queja...».

Un mes cuatro días después de recibido el reclamo, la información no había sido rectificada y el consumidor continuaba siendo reportado con mora histórica y deuda comercial inexistente en la base de datos de la agencia de información.

El Tribunal Sancionador también ordenó a Tigo cancelar dicho reporte de la base de datos de Equifax Centroamérica, S.A. de C.V.; agencia de información a la cual este tribunal absolvió por las infracciones atribuidas al artículo 28, literal c) e i) de la LRSIHCP, por cuanto la información proporcionada y transmitida corresponde a los datos proporcionados por Telemovil El Salvador, S.A. de C.V.

La autoridad administrativa resaltó que Telemovil ya había sido sancionado en otro proceso (354-12), lo cual resulta en «reincidencia» e «incumplimiento reiterado», criterios que fueron tomados en cuenta para la imposición de la sanción al proveedor denunciado.

Por infracciones al art. 28, literal a) el Tribunal Sancionador impuso multa a Tigo por la suma de $ 22,421.00, equivalente a 100 salarios mínimos mensuales urbanos del sector comercio y servicios; y, por infracción al art. 28, literal i, una segunda multa de $ 22,421.00.

En cumplimiento del art. 149 de la Ley de Protección al Consumidor, la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yanci Urbina, presentó recientemente solicitud a la Fiscalía General de la República para que realice la «ejecución forzosa» del pago de la multa por parte de Tigo, debido a que ha concluido el plazo legal de 10 días desde el 20 de julio de 2017, fecha en que se notificó la resolución 1462-12, sin que a la fecha el proveedor haya comprobado su pago.

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