Los expertos sostienen que no hay una sola modalidad histórica del capitalismo como modo de producción. Aunque las distintas modalidades compartan lo esencial —ser un mecanismo de explotación, regido por la lógica del mercado, que extrae plusvalía—, cada una tiene características particulares, que tienen que ver no sólo con los ordenamientos jurídico políticos (estatales), sino también con la historia y cultura propias de cada sociedad.

Luis Armando González*

Columnista AvancES

Se tienen, así, sociedades en las cuales los mecanismos capitalistas funcionan con escasas o nulas restricciones institucionales y políticas, y otras, en cambio, en las que esos mecanismos se ven atemperados o constreñidos, en menor o mayor medida, por condicionamientos institucionales (legales y políticos).

En la literatura marxista clásica, el concepto de «formación económico-social» expresa las concreciones del modo de producción capitalista en disferentes circunstancias históricas, culturales y sociales. En un texto de los años setenta del siglo XX se puede leer lo siguiente:

«Bajo el aspecto sociológico un modelo de formación económico social reflejará, en primer lugar, el modo de producción dominante en aquella formación dada. Tomado en sí, tal procedimiento nos provee de un modelo simplemente económico, pero en el modelo sociológico, conjuntamente con el modo de produción, deberán, en cambio, reflejarse las relaciones sociales y fenómenos superestructurales al correspondiente, en forma pura, sistemática. Bajo el aspecto histórico, por otra parte, un modelo de formación económico social… pondrá, en particular, de relieve su génesis, su desarrollo, decadencia; lo construirá, así como a sus correspondientes relaciones sociales y fenómenos superstructurales en sus concretas condiciones del ambiente geográfico, histórico, social, cultural, integrando y enriqueciendo, desde este punto de vista, los elementos constitutivos del modelo mismo»[1].

A partir de lo anterior, se justifica la tesis de la existencia de varias modalidades de capitalismo (según la formación económico-social), lo cual, a su vez, obliga  —cuando se analiza cada sociedad particular— a prestar atención a sus dinámicas específicas, evitando reduccionismos que equiparen —de forma mecánica— experiencias históricas, culturales y políticas solo por tener como base la extracción de plusvalía regida por el mercado. Esta lógica no se concreta de una sola forma, siendo decisivo para ello la institucionalidad legal y política vigente en cada nación.

Así, ordenamientos institucionales débiles permiten que la lógica de explotación se imponga con pocas o nulas restricciones, en contra de la sociedad y a favor de los sectores minoritarios que controlan los capitales y el mercado. En contextos de esta naturaleza, florece la rapacidad empresarial sin límites, en busca de beneficios de la manera más fácil y en el periodo de tiempo más corto posible.

En la época actual, en virtud de un debilitamiento instititucional extraordinario, fomentado por una visión y políticas neoliberales que impactaron fuermente a los estados a partir de los años ochenta del silo XX, predomina en distintas naciones una modalidad de capitalismo que se puede definir como rentista. En esta modalidad económica, quienes controlan el mercado buscan obtener beficios económicos —y los obtienen en efecto—, no de su participación en actividades productivas, sino a partir de la venta de servicios (comerciales, financieros y en las telecomunicaciones, por ejemplo), en los cuales ejercen un poder monopólico o casi monopólico. Dice Joseph Stiglitz:

«La búsqueda de rentas asume muchas formas: transferencias y subvenciones ocultas y públicas por parte del gobierno, leyes que hacen menos competitivos los mercados, una aplicación laxa de las vigentes leyes sobre la competencia y unos estatutos que permiten a las grandes empresas aprovecharse de los demás, o trasladar sus costes al resto de la sociedad... No todas las actividades de búsqueda de rentas utilizan al gobierno para quitarle el dinero a los ciudadanos corrientes. El sector privado puede hacerlo muy bien solo, consiguiendo rentas del público, por ejemplo, a través de prácticas monopolísticas y a base de aprovecharse de los que tienen un menor nivel de información y educación, cuyo máximo exponente son los créditos abusivos de los bancos… En estos ámbitos, el gobierno también desempeña un papel, al no hacer lo que debería: al no poner fin a este tipo de actividades o al no hacer cumplir las leyes existentes. Una aplicación efectiva de las leyes sobre competencia puede recortar los benficios de los monopolios; una legislación eficaz contra el crédito usurario y los abusos con las tarjetas de crédito puede limitar la medida en que los bancos se aprovechan de sus clientes; unas leyes de gobernanza empresarial bien diseñadas pueden limitar la medida en que los directivos de las empresas se apropian de los ingresos de sus compañías»[2].

Si bien es cierto que las consideraciones que hace Stiglitz apuntan a EE.UU., su alcance es mucho mayor, en tanto que constituyen una valoración de una modalidad de capitalismo que va más allá de esa nación. Se trata, como ya se ha apuntado, de un capitalismo rentista que echa raíces gracias a complicidad de un estado que favorece, a partir de políticas económicas determinadas, la creación de grandes patrimonios privados, en los que descansa el poder económico de quienes terminan por dominar el mercado.

En el contexto de auge neoliberal, esos patriminios en las pensiones, la banca, los seguros, el comercio, la electricidad, las telecomunicaciones y el turismo fueron creados a partir de políticas de privatización y reprivatización, que tuvieron como corolario el debilitamiento de los mecanismos de control legal y político de las actividades empresariales, en particular aquellas realizadas por los grupos que salieron ganadores en las reformas neoliberales de finales del siglo XX[3]. En esta transferencia de bienes públicos a manos privadas —por obra de gobiernos que se plegaron a modas económicas y a presiones internacionales— está el origen de capitalismos rentistas como el salvadoreño.


[1] E. Sereni, «La categoría de “formación económico- social”. En C. Luporini, E. Sereni, el concepto de «formación económico-social». México, Pasado y Presente, 1986, p. 87. La primera edición en español de este libro es de 1973.

[2] J. E. Stiglitz, El precio de la desigualdad. México, Santillana, 2012, pp. 86-88,

[3] «Los ricos más ricos» de El Salvador, tal como los calificó María Dolores Albiac.


*El autor es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.

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