Y es que la sociedad no es sólo la destinataria de la comunicación política, sino que es (debería ser) parte activa –dialogante, interpeladora— de la misma.

Luis Armando González, Columnista de AvancES

Luis Armando González,  Columnista de AvancES

En 2009, siendo Director del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), de la UCA, di una charla sobre comunicación política en la inauguración del “Diplomado en comunicación política”, ofrecido por la Maestría en Comunicaciones de dicha universidad. Al releer el texto, veo que, en conjunto –salvo algunos matices puntuales— siendo básicamente las mismas de entonces. Comparto con los lectores y lectoras esas reflexiones.

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En El Salvador, el tema de la comunicación política ha cobrado una enorme relevancia desde el fin de la guerra civil. Sin embargo, eso no quiere decir que antes el tema no fuera importante. De hecho, durante la guerra civil, la comunicación política fue parte esencial de la estrategia político-militar tanto del gobierno de

Napoleón Duarte (1984-1989), y después del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), como también del FMLN

En esos momentos, ambos contendientes cayeron en la cuenta de que los medios de comunicación podían ser usados a su favor en el desenlace de la guerra. Es decir, cayeron en la cuenta de que los medios podían ser un importante vehículo, no sólo para ganar legitimidad, sino para imponerse en la batalla ideológica que se libraba como trasfondo de la batalla militar.

Se trataba, no obstante, de una comunicación política encaminada a apuntalar la exclusión –e incluso el exterminio— de quienes eran considerados enemigos. Con la firma de los acuerdos de paz se abre paso la discusión sobre la democratización del país y, en ese contexto, el tema de la comunicación política comienza a ser asociado con la democracia.

Eso sí, no con los grandes contenidos del proyecto democrático –por ejemplo, fortalecimiento institucional, inclusión socio-económica, transparencia, amplia participación social en los distintos ámbitos de la vida pública—, sino con un aspecto de la democracia que, sin dejar de ser relevante, no la agota: la competencia electoral.

En este punto, conviene traer a cuenta las tres características que algunos especialistas asignan a la comunicación política en un contexto democrático: “en primer término, debe contribuir a identificar los problemas nuevos a través de los políticos y los medios; en segundo lugar, abrir canales de participación ciudadana para que la jerarquía y la legitimidad de los temas de la agenda política resulten de un juego de negociación; y, por último, marginar las cuestiones que han dejado de ser objeto de conflictos o respecto de las

cuales existe un consenso temporal” (R. Winocur, “Comunicación política”. En L. Baca Olamendi, J. Bóxer-Liwerant, F. Castaneda, I. H. Cisneros, Germán Pérez Fernández del Castillo (Comps.), Léxico de la política. México, FCE, 2000, p. 76)

Pues bien, en El Salvador de la postguerra esas características no lograron cuajar en la comunicación política que comenzó a practicarse en el marco del proceso de democratización potenciado por los Acuerdos de Paz. Si durante la guerra civil lo que se comunicaba políticamente –lo que comunicaban a la sociedad y se comunicaban entre sí los principales actores socio-políticos sirviéndose de los recursos mediáticos con los que contaban— eran contenidos discursivos, simbolismo e imágenes de destrucción recíproca, así como de la superioridad del propio proyecto sobre el proyecto del enemigo político y militar, en la postguerra lenta, pero casi de forma inexorable, lo que se comunica políticamente se va reduciendo a contenidos discursivos, simbolismo e imágenes que ayuden a promocionar a partidos y candidatos en vistas a capitalizar la mayor cantidad de votos.

En esta dinámica, los contenidos discursivos van perdiendo la primacía, siendo relegados a un tercer plano (o a veces desapareciendo) por el simbolismo y las imágenes, que es a lo que se ha visto reducida la comunicación política (o lo que se entiende por ella) en El Salvador desde la década de los años noventa; es decir, a la difusión masiva de emblemas e imágenes casi vacíos de contenido o para los cuales el contenido se considera innecesario, pues se presume que emblemas e imágenes hablan por sí solos.

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