A nadie escapa la importancia y urgencia que representa para el país el crecer económicamente, combatir la pobreza y generar empleo decente. Claro está que eso pasa por promover las inversiones, por desarrollar nuevos proyectos, ampliar la base productiva nacional, aprovechar estratégicamente los activos y atractivos del país.
Publicado originalmente en La Prensa Gráfica


Lina Pohl, ministra de medio ambiente y recursos naturales

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También se reclama con insistencia y razón que la reactivación económica del país exige de la mayor racionalidad en el gasto público, de asegurar la mejor y más eficiente utilización de los recursos del Estado.

Esas son realidades evidentes del crecimiento económico. Pero también resulta impostergable asumir esa otra realidad que retrasa el crecimiento económico: los riesgos, los impactos y los costos asociados al cambio climático. Sin asumir esa realidad con honradez, con seriedad y lucidez, todo lo que se haga por ser eficientes y consecuentes con el crecimiento terminará en las abultadas cuentas de las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático.

Datos de esos impactos están al alcance en estudios publicados en la web del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Baste aquí recordar la cifra de más de $1,600 millones en pérdidas sufridas por el país en solo siete años, entre 2009 y 2015, causadas por inundaciones y sequías severas. Puentes, carreteras, cosechas, viviendas, escuelas, centros de salud, vidas humanas perdidas a causa de esos eventos.

Y sobre esas pérdidas hubo que reorientar recursos públicos –originalmente destinados a inversión social y económica–, para atender las emergencias, socorrer a las víctimas y rehabilitar, afectando con ello los planes y metas de crecimiento económico.

Es incuestionable que tenemos la presencia inequívoca del cambio climático con eventos extremos rompiendo récords históricos en precipitación y sequía. Y eso va a empeorar de acuerdo a los escenarios climáticos. Pero también debemos reconocer que hemos sido causantes de aumentos en nuestra vulnerabilidad, de degradar nuestros ecosistemas, de reducir la disponibilidad de nuestros recursos naturales, empezando por el agua: contaminamos nuestras fuentes, destruimos zonas de recarga y sobre-explotamos los acuíferos, amenazando su estabilidad. Todo ello obliga a invertir más en potabilizar el agua para distintos usos, en captarla y trasladarla desde distancias cada vez mayores, incrementando así costos de suministro. Por esa vía nos vamos volviendo menos competitivos sin que, muchas veces, lleguemos a hacernos conscientes de esos dinamismos propios de la vulnerabilidad climática y ambiental.

No podemos esperar desarrollarnos y crecer económicamente de manera sostenida sin repensar en serio nuestras prioridades de inversión en el contexto de cambio climático. Sin corregir la mentalidad de que contaminar el medio ambiente o aumentar el índice de riesgo a desastre puede asumirse como un subsidio o un estímulo a la inversión, con cargo una viabilidad de futuro cada vez más incierta y a unas finanzas públicas con capacidad ya sobrepasada.

Por ello necesitamos también decisiones y compromisos audaces con el medio ambiente, invertir en innovar nuestras prácticas y técnicas productivas y constructivas, porque en ello se juega nada menos que nuestra sobrevivencia económica, base de una real competitividad de país.

Pero sobre todo, necesitamos como ciudadanía, como inversionistas, como sociedad, como gobierno, asumir que el desarrollo sostenible y las inversiones verdaderamente inteligentes implican un compromiso real con el medio ambiente y la reducción de riesgos. No podemos continuar esperando alcanzar el crecimiento sostenido con los mismos métodos del pasado en el contexto más adverso del cambio climático. Y menos esperarlo con meros arreglos de tramitología.

Y también nos falta en esto un claro sentido de urgencia. No lleguemos demasiado tarde al encuentro con la real productividad, fuente efectiva de erradicación de la pobreza.

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