Es un asunto preocupante. Al parecer, nunca se le pondrá alto. Sin embargo, se vale soñar y en ese sentido se podrían hacer dos cosas para frenar esa frenética e imparable sed de privatización de los espacios públicos. Una, radical, debería traducirse en derribo de portones y verjas que bloquean al acceso público a esos espacios.

Por Luis Armando González*

Columnista de AvancES

En una reflexión anterior  anotábamos que otra batalla que debe librarse apunta a la defensa y recuperación de los espacios públicos, lo cual significa enfrentarse a la lógica y prácticas que conducen a la apropiación privada de aquéllos. Decíamos, en otras palabras, que se trata de librar una batalla permanente en contra de la privatización de los espacios públicos.

Para entender bien de qué se trata el asunto hay que decir que cuando se habla aquí de espacios públicos se hace referencia a espacios que no son de nadie en particular en concepto de propiedad privada, sino que cualquier ciudadano puede hacer uso de ellos libremente, sin mayores restricciones que las impuestas por las leyes nacionales. Es decir, los espacios públicos son tales porque no son propiedad privada, sino un bien colectivo. Como tales, su construcción, conservación y cuido suponen un costo que es asumido socialmente y no cargado sobre nadie en particular.

Plazas, parques, calles, avenidas, bulevares y zonas verdes hacen parte, en general, de esos espacios públicos, que son patrimonio colectivo y de cuyo uso nadie puede ser excluido por razones de carácter privado. Aquí hay que anotar un par de excepciones: los centros comerciales, que simulan ser espacios públicos, pero no lo son, y algunos proyectos residenciales que en su conjunto son creados como un gran espacio privado que no sólo atañe a las viviendas sino a las calles, pasajes, parques y zonas verdes de su interior. Se entiende que los habitantes de esos proyectos no sólo son propietarios de sus casas, sino del conjunto del espacio que es una gran propiedad privada.

Dejando de lado lo anterior, las calles, avenidas, bulevares, plazas, parques y zonas verdes (estas últimas sin propietario legal, se entiende) son un bien público, sin importar la colonia, barrio, cantón o caserío en el que se encuentren. Y eso quiere decir que nadie en particular tiene derecho a apropiarse de esos espacios, parcial o totalmente, para beneficiarse privadamente de los mismos.

Pues bien, contra todo derecho, en nuestro país la apropiación privada de los espacios públicos es algo indetenible. En San Salvador esto es alarmante, ciertamente. En Antiguo Cuscatlán, Ciudad Mertliot, colonia Providencia,  colonia Costa Rica, colonia Vista Hermosa y residencial Alturas de Holanda --sólo para mencionar varios ejemplos llamativos y de fácil constatación--, calles,  pasajes, parques y zonas verdes de carácter público (desde la concepción y construcción de esas colonias) han sido apropiados privadamente por los habitantes inmediatos de un conjunto de residencias que, de un día para otro, decidieron poner portones en la entrada de calles y pasajes, o incluso a la entrada de un segmento de la colonia (como es el caso de una parte de la residencial Alturas de Holanda, que fue separada del resto, junto con bienes públicos como un parque, de cuyo uso fueron excluidos de hecho los demás habitantes de la mencionada residencial).

El tema de la inseguridad ha sido y es la moneda de uso corriente que se esgrime para justificar esa privatización de los espacios públicos. Quién sabe qué tan cierta sea la justificación en cada caso o cuánta seguridad se logre con la medida, pero en la práctica no sólo se excluye a otros vecinos de usar esos espacios, sino que quienes se los apropian de pronto ven extendida, de hecho, su propiedad varios metros más allá de lo que adquirieron cuando compraron sus viviendas. Sus parqueos, por ejemplo, se extienden hacia una porción de la calle que queda delante de sus viviendas (algunos incluso techan ese espacio) y las zonas verdes y parques se convierten en lugar de juegos, diversión y descanso exclusivos para sus familias. Y ello sin haber pagado nada ni por el nuevo terreno ni por lo que ahí hay construido ni por los servicios públicos, como el alumbrado eléctrico, de los cuales siguen gozando a cargo de la colectividad.

Se trata de un delito, sin duda alguna. Porque lo que se hace es una apropiación privada de un bien público. También se excluye a otros del uso de ese bien. Asimismo, cuando una persona o un grupo de personas hacen crecer su patrimonio excluyendo a otros –despojando a otros de su derecho al uso y disfrute de ese patrimonio (eso son las calles, plazas, parques, etc.: un patrimonio colectivo)— se viola el principio de igualdad entre los ciudadanos. Es decir, se crea una desigualdad evidente entre quienes cierran una calle o un pasaje públicos (o una colonia con bienes públicos en su interior) y quienes no lo hacen, pues no sólo no aumenta el patrimonio de estos últimos, sino que su bienestar se ve disminuido al ser excluidos del uso y disfrute de determinados bienes públicos (que han sido, de hecho, privatizados). Con el paso del tiempo, esa porción de calle pública que queda frente a la vivienda de la calle o pasaje privatizados será parte natural de ella, y nadie se atreverá a cuestionar el derecho de sus propietarios. Esto ya sucede en colonias en la que se privatizaron espacios públicos como los anotados hace 20 o 25 años.

Es un asunto preocupante. Al parecer, nunca se le pondrá alto. Sin embargo, se vale soñar y en ese sentido se podrían hacer dos cosas para frenar esa frenética e imparable sed de privatización de los espacios públicos. Una, radical, debería traducirse en derribo de portones y verjas que bloquean al acceso público a esos espacios. Es decir, ahí donde hay una calle o pasaje públicos cerrados con un portón o verja, las autoridades, sin previo aviso, deberían proceder a su eliminación. La ley es dura, pero es la ley.

Otra, quizás menos radical, pero igualmente drástica, podría apuntar a hacer que quienes se apropian de un espacio público (una porción de la calle o de una zona verde, por ejemplo) paguen al Estado el valor, a precio de mercado, de su nueva propiedad (el terreno, junto con lo invertido públicamente en el mismo).  Y por supuesto, se deberán suspender los servicios públicos en ese espacio privado: luz, agua y limpieza deberán correr por cuenta de sus nuevos propietarios.

Esta última medida tiene visos de no ser tan alocada. El Estado podría recaudar importantes cantidades de dinero por la venta de esos espacios; quienes se han apropiado de los mismos podrían legalizarlos, asumiendo los costos correspondientes; y habría un mecanismo económico que seguramente ayudaría a frenar su apropiación privada. Porque, en realidad, la gente se apropia de esos espacios porque ello no le supone mayor costo económico, salvo el de colocar portones y verjas (o láminas enormes) en las entradas y salidas de calles y pasajes. Hay que ver qué tanto estaría dispuesta a pagar, a precios de mercado, por esos espacios si el Estado se mostrara firme en torno a ello.

En fin, hay un abuso intolerable por parte de quienes cierran calles, avenidas, pasajes, plazas, parques y zonas verdes cuando estás son un bien público. Violan las leyes del país al apropiarse privadamente del patrimonio colectivo, crean exclusiones y desigualdades en las comunidades y externalizan en otros vecinos las consecuencias negativas de su abuso (por ejemplo, desviando el tráfico de vehículos y personas por las calles, pasajes y avenidas que no han sido cerradas en la misma colonia).   

San Salvador, 3 de mayo de 2017.

*El autor es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.

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