La salud democrática de un país se puede medir, entre otras cosas, tanto por el reconocimiento del derecho de la participación ciudadana como también por la promoción efectiva de la misma y por la creación de espacios para su ejercicio.

Luis Armando González*

Columnista AvancES


Por supuesto que no se trata de cualquier participación, sino de aquella que tenga una incidencia real en la dinámica comunitaria y nacional. Es decir, se trata de una participación política, en el sentido más pleno de la expresión: una participación en los destinos de la polis. Su fundamento es la organización, cuyas formas pueden y deben ser diversas, así como diversas son las realidades y necesidades comunitarias y nacionales.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén puede ser caracterizado como un gobierno de la participación ciudadana, ya que desde el mismo se reconoce y protege el derecho ciudadano a la participación, se han creado espacios para ella y en la gestión de gobierno están presentes importantes  mecanismos de participación, en los que distintos actores sociales intervienen de manera estratégica. No se tiene noticia de que algo semejante haya sucedido en la historia de El Salvador, especialmente en el siglo XX o en la primera década del siglo XXI.

Estamos ante el primer gobierno en el que la participación ciudadana está incorporada –y no sólo es reconocida como derecho o fomentada– al ejercicio de poder público. Dicho así de breve, pareciera ser algo poco relevante. Sin embargo, si se lo mira con criterios históricos salta a la vista su enorme novedad.

En efecto, venimos de un pasado en el que la organización y la participación ciudadanas no eran toleradas por los gobiernos, y tampoco por los otros poderes estatales. Peor aún: desde el levantamiento indígena-campesino de 1932 en adelante, los poderes públicos ahogaron con violencia a los ciudadanos que se organizaban y decidían participar en la búsqueda de formas de vida más justas y democráticas.  

A lo largo del siglo XX, especialmente en la etapa que va de 1975 a 1981, dos de los derechos que más se exigían desde la ciudadanía, y que más eran pisoteados por las autoridades civiles y militares, eran el de la organización y el de la participación. La gente los ejercía de hecho, a costa de su propia integridad personal. Como derechos no sólo no eran reconocidos por los poderes públicos, sino que eran vistos y perseguidos como subversión, desestabilización, intervención comunista y amenaza a la seguridad nacional [1]. Miles de ciudadanos –mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, profesionales, obreros, campesinos, religiosos y religiosas– fueron perseguidos y asesinados por sus ansias de participación y organización.   

La génesis de la guerra civil (1981-1992) no se entiende sin ese bloqueo (violento y represivo) del Estado salvadoreño a la participación y a la organización ciudadanas. Cuando la guerra terminó por la vía negociada, se abrieron algunos cauces para el ejercicio de ambos derechos. Sin embargo, desde el Estado, si bien la represión había dejado de ser una clave para la estabilidad política, no se hizo un mayor esfuerzo para darles vigencia. Quedó en manos de la sociedad –las organizaciones e instituciones sobrevivientes, o algunas que se crearon en la inmediata postguerra– la generación de espacios y oportunidades para la organización y la participación. Se hicieron cosas importantes –por ejemplo, en materia de derechos de la mujer, medio ambiente, radios comunitarias y educación popular–, pero desde los gobiernos de ARENA –que administraron el Ejecutivo desde 1989 hasta 2009– la organización y la participación ciudadanas siguieron siendo estigmatizadas y entorpecidas, incluso con actitudes que recordaban las prácticas autoritarias previas a la firma de los Acuerdos de Paz (1992).

Es sobre el trasfondo reseñando que se visualiza mejor el giro dado por Salvador Sánchez Cerén a los temas de la organización y la participación sociales. Y es preciso referir ese giro a él, en su carácter personal, pues ya desde la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República, además de incorporarlos en su discurso como algo central, impulsó formas de participación y organización que le permitieran trabajar sus libros de campaña [2] y su programa de gobierno.  

Esta vocación de Sánchez Cerén por la promoción de la organización y participación social y popular viene desde su juventud, cuando –como líder magisterial– se integró a las luchas del magisterio nacional en demanda de derechos que, en aquellos tiempos, eran pisoteados sistemáticamente. Como líder revolucionario, en esas dos décadas cruciales que fueron los años setenta y ochenta, su compromiso con la organización y la participación social y popular siguió vigente, acompañado de otra característica de su talante político que cobró toda su fuerza en las negociaciones para poner fin a la guerra civil: su vocación para dialogar y buscar acuerdos ante problemas y situaciones críticas.   

Una vez electo presidente, en 2014, puso manos a la obra para trabajar en el Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019) en el cual las ideas firmes sobre la organización y la participación –sustentadas en a filosofía del Buen Vivir– fueron construidas a partir de equipos ciudadanos que fueron convocados para participar en ese estratégico documento. Ya, desde aquí, comenzó a cobrar vigencia una forma particular de participación ciudadana que el presidente Sánchez Cerén ha convertido en sello de su gobierno a lo largo de su gestión: la conformación de consejos ciudadanos que lo acompañan en la formulación de lineamientos estratégicos para atender áreas clave de la vida nacional (como la seguridad y la convivencia, la educación y la sustentabilidad ambiental). Estos consejos –integrados por representantes de los distintos sectores de la vida nacional– son un espacio de debate sobre los problemas nacionales más graves y delicados, lo mismo que un espacio para la elaboración de las mejores estrategias para hacerles frente de la forma más integral posible.

Dada la envergadura del problema de la violencia y la inseguridad, destaca el papel que juega el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, de cuyo trabajo emanó el Plan El Salvador Seguro, a partir del cual, con una visión articulada de la prevención y la persecusión eficaz de la violencia criminal, se están logrando resultados positivos en el combate de las pandillas y el crimen organizado.

Con todo, más allá de los logros efectivos de este consejo en particular, o de otros consejos, lo que no se debe perder de vista es que expresan una visión política propia del presidente Sánchez Cerén: el ejercicio del poder público debe involucrar a los ciudadanos, pues solo con su participación se garantiza la democratización de las decisiones de gobierno, la transparencia y la corresponsabilidad civil y política en la atención y solución de los problemas nacionales.

Otras formas de participación ciudadana, de naturaleza cívica y política,  son generadas en tres espacios que le son muy queridos al presidente Sánchez Cerén: Casa Abierta,  Gobernando con la Gente y las Asambleas Ciudadanas. En esos tres ámbitos, se cultiva la participación política ciudadana en tres direcciones: a) el diálogo del gobernante (y su equipo de gobierno) con los gobernados;  b) la toma de decisiones desde el Ejecutivo a partir de ese diálogo, en el cual se establecen compromisos de política pública con las comunidades organizadas y los gobiernos locales; y c) la rendición de cuentas, por parte de las autoridades políticas, ante los ciudadanos y sus organizaciones. En los tres espacios señalados, siempre están presentes la transparencia, el diálogo franco, la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la gente y la responsabilidad compartida.  

 En el plano del discurso político e ideológico, tanto en Casa Abierta como en Gobernando con la Gente, el presidente Sánchez Cerén insiste, temáticamente, en la importancia de la organización y participación ciudadanas; anima a la gente a apropiarse de los espacios que se están creando para ello. El mejor ejemplo de esto último es la Red de las Casas de la Cultura y Convivencia que, en cada comunidad y territorio, está creando posibilidades y oportunidades de conviencia, recreación y educación a partir de la promoción del arte (en todas sus manifestaciones) y el deporte. La Red de Casas de la Cultura y Convicencia, forjada a través de un paciente trabajo de recuperación no sólo de un patrimonio abandonado por las gestiones de ARENA, sino también de la confianza de la gente, es uno de los pilares de la prevención de la violencia, pues las Casas de la Cultura y  Convivencia son un espacio para que niñas, niños, jóvenes y adultos convivan y cultiven prácticas y valores coherentes con el Buen Vivir y la democracia: tolerancia, inclusión, solidaridad, creatividad, respeto a los otros y memoria histórica.  

El presidente Sánchez Cerén destaca, sin equívocos, lo que una participación amplia y rica significa para la profundización democrática, en un sentido que vaya más allá de la mera participación electoral. Pero, además de los contenidos discursivos que expresa el presidente Sánchez Cerén, Casa Abierta y Gobernando con la Gente son una experiencia de participación cívica y política inédita en la historia nacional, en la cual no hay registro de que algún gobierno se haya atrevido a convertir la participación en parte de su quehacer. Asimismo, son inéditas las Asambleas Ciudadanas, que consituyen un mecanismo de participación extraordinario desde los territorios, a partir de los cuales, en un proceso de diálogo y consulta popular, se toman decisiones que las comunidades sienten y viven como suyas.

El presidente Sánchez Cerén tuvo el atrevimiento de integrar la organización y participación ciudadanas a su ejercicio de gobierno. Con ello ha innovado el quehacer político nacional, por más que haya quienes no logren verlo en estos momentos. En materia de organización  y participación, es nítida la ruptura de su gobierno con gobiernos del pasado. Obviamente, sólo si se examina el papel de esos gobiernos ante la organización y participación de la gente se puede ver el contraste. De lo contrario, muchos seguirán creyendo que lo que ahora se tiene ha existido siempre. Y, si ven las cosas de esa manera, no se comprometerán en su cuido y en convertirlo en parte esencial de su vida ciudadana de aquí en adelante. Lo que tenemos en el presente, en materia de organización y participación, no ha existido siempre; es una conquista histórica que debemos conservar, haciendo de ella un punto de partida imprescindible para construir un proyecto de país en el cual la democracia –como insiste una y otra vez el presidente Sánchez Cerén– asegure bienestar y felicidad –en definitiva, un Buen Vivir– a las salvadoreñas y salvadoreños.


[1] Esto último encontró su expresión más aberrante en la «Ley de defensa y garantía del orden público», del gobierno del General Humberto Romero. http://www.cidh.org/countryrep/ElSalvador78sp/cap8.htm

[2] El País que quiero y El Buen Vivir en El Salvador.


San Salvador, 19 de septiembre de 2017.


*El autor es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario. Investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CENICSH).

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