Actualmente, el gobierno está buscando una solución que garantice las pensiones y mejore las expectativas de cada cotizante actual, con el objetivo que tengan una mejor pensión, digna y sostenible. Sin duda, una responsabilidad seria y maratónica que incluye luchar contra los intereses corporativos de las AFP, instituciones símbolo del modelo neoliberal implementado a finales de los 80 por el primer gobierno de ARENA.
Por Franklin Selva, Columnista de AvancES

Si bien la implementación de las medidas neoliberales inició en 1989, y las cuales incluyeron un proceso oscuro de venta y privatización de la Banca Nacional, la venta de los principales activos productivos del Estado, la telefonía, la energía eléctrica, y que culminó con la dolarización, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) iniciaron operaciones de una forma inconsulta, hasta 1998, donde quienes cotizaban fueron clasificados como optados, es decir, aquellos que cotizando en el sistema público eran mayores de 36 años y podían optar por pasarse al sistema privado de AFP, y los obligados, quienes no tuvieron otra opción que someterse al régimen de cotización privada, aun cuando eso significó que su pensión se vería reducida en más de la mitad.

El sistema de AFP quebró en 2001, apenas 3 años después de haber iniciado, en un ambiente mediático muy distinto al actual, que incluía el inexistente acceso a Redes Sociales y el evidente papel que los medios de comunicación tuvieron para informar en menor intensidad a la población.

Al Estado le dejaron por ley los costos de la privatización de pensiones, los cuales han incrementado a través de las diferentes medidas aprobadas para sostener el pago de pensiones, aunque esto signifique ocultar el fracaso de las AFP.

Una de las medidas implementadas para garantizar el pago de pensiones es el Fondo de Obligaciones Previsionales, conocido como FOP y que se aprobó en 2006, el cual permite pagar las pensiones del sistema público, que se debilitó a medida que el sistema privado de pensiones le quitó el ingreso de cotizantes, además de subsidiar las pensiones de las AFP que son menores que las del sistema público. Es necesario hacer énfasis que, al contrario del sistema público, las AFP tienen muchos cotizantes para pocos pensionados, es decir, muchos pagan y por hoy, pocos reciben.

Esto, ha generado que la deuda pública producto de las pensiones ronde los $5 mil millones, es decir, un 2.1% del Producto Interno Bruto. Presupuestariamente, el gobierno destina para este año, unos $230 millones para el pago de pensiones. Dicho de otra forma, cerca de $4 de cada $100 que componen el Presupuesto General de la Nación, se destina a pagar pensiones. Sin embargo, no es todo, la cuota anual para saldar pensiones es de alrededor de los $800 millones, entonces, ¿de dónde salen los restantes $600 millones? Pues de la venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que las mismas AFP compran y a quienes el Estado, debe pagarles intereses, a pesar de ser utilizadas para el pago de pensiones que su sistema en quiebra no puede garantizar.

Ante tal situación, es necesario presentar una propuesta al sistema de pensiones. La propuesta que ha presentado el Gobierno surge de un consenso entre otras tres propuestas, incluida la de las AFP, que se conoció mediáticamente como Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP). El objetivo de la propuesta gubernamental es garantizar y resguardar una mejor pensión para cada uno de los cotizantes. Cada cotizante seguirá manteniendo su cuenta individual como actualmente funciona y, además se crea otra cuenta individual que servirá para garantizar su pensión de por vida. Actualmente, la pensión se acaba cuando se acaba lo ahorrado durante el plazo de cotización y el Estado debe garantizar cubrir la cotización durante el resto de la vida del pensionado, lo cual se paga con el FOP.

¿Cómo con esta propuesta se garantiza una mejor pensión? Incrementando el monto de cotización del 13% al 15%, el cual será distribuido entre el trabajador y el patrono, por lo tanto, y para entenderlo, al igual que una cuenta bancaria, existirá un mayor rendimiento en el tiempo. Con esto, se garantiza que el rendimiento mensual para las cotizaciones mejore de un 10.8% a un 13.5%. Sin duda, tantos números son muchas veces complejos para la comunicación, pero en términos prácticos, actualmente, cotizando en las AFP con un salario de $600 y cotizando 25 años, el ahorro individual llega a los $58,687.31 y la pensión a los $280.28. En los mismos términos de cotización, la propuesta de las AFP o ICP como mediáticamente se conoció, el ahorro sería de $30,109.77 y la pensión mensual de $207.60, pero con la propuesta del Gobierno si se tiene el mismo salario de $600 después de cotizar 25 años, el ahorro total sería de $73,359.14 obteniendo una pensión mensual de $350.

Hay dos criterios fundamentales en la propuesta para garantizar esos números, la comisión de las AFP se disminuye, es decir, lo que cobran por guardar nuestras cotizaciones bajaría de un 2.2% al 1.5% y el otro elemento es la creación de una segunda cuenta individual que constituye el fondo colectivo.

Las pensiones son un elemento determinante en cualquier país y están fundamentadas en principios de solidaridad, quienes cotizan sostienen las pensiones de los jubilados y así, sucesivamente. Sin embargo, las AFP han demostrado que también es posible hacer un mal manejo de las pensiones, cuando priva el interés mercantilista de estas instituciones y en casos como Chile, las protestas masivas contra las AFP son casi a diario porque han demostrado ser un inminente fracaso.

Por ahora, la propuesta del gobierno, que ha resultado del consenso de otras propuestas, es la que mejor garantiza y resguarda las pensiones de hoy y las futuras.

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